Por Dr. Octavio Dilewis Ibarra-Tamayo
La educación y la asistencia médica no deben ser privelegios sino derechos de la ciudadanía.
Para mantener el apego a la honestidad de criterio hay que admitir que el sistema norteamericano es el que más bajo grado de consciencia social exhibe entre todos los paises ricos.
Entre dichos paises Estados Unidos tiene el más bochornoso sistema de asistencia médica y una renuencia total a establecer un seguro médico socialmente responsable y compasivo.
El estado democrático, de derecho, existe con el fin de proveerle igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Ello no implica la creación de una utópica sociedad igualitaria que con el ánimo declarado de distribuir a partes iguales la riqueza termine premiando de modo equitativo a los que no se esfuerzan. Tal intento desembocaría siempre en la coronación de supremamente iluminados o divinamente elegidos, nomenclatura de grandes hermanos que en la práctica terminarían siendo "más iguales" que el resto de los individuos que integran la sociedad.
La riqueza individual debe ser proporcional al esfuerzo que cada persona ponga en la realización de la actividad para la que esté capacitada o en la explotación del talento que Dios le ha dado. Pero para que todos tengan la oportunidad de intentar realizar su mejor esfuerzo el estado democrático debe instituir una serie de reglas en función de garantizar una competencia justa. Cuando se organiza una carrera de cien metros para determinar quién es el más veloz todos los competidores están obligados por las reglas a salir al mismo tiempo y del mismo punto, y a llegar a la misma meta. Cualquier injusta ventaja de origen convertiría en no válida la competencia.
La garantía de una buena salud y una adecuada educación es esencial para que el individuo pueda competir con otros en igualdad de condiciones. Por ello el estado democrático debe garantizar la existencia de un seguro médico y educacional universal, socialmente responsable, compasivo y sin deducibles. Debe asegurar sin límite la educación y la asistencia médica y dental, los medicamentos y accesorios médicos, y cualquier otro servicio relacionado a todos los ciudadanos.
Con base en la garantia del seguro médico y educacional universal el estado democrático debe privatizar todos los servicios médicos y educacionales públicos. Con un mercado de decenas de millones de personas con poder de compra asegurado proliferarían las empresas interesadas en proveer los servicios médicos y educacionales y los productos y accesorios relacionados. Entre ellas sobrevivirían las que fueran capaces de proporcionar la mejor calidad y cumplir con las regulaciones de protección al consumidor. En este contexto el estado se dedicaría exclusivamente a pagar las cuentas, mantener los controles financieros, investigar posibles fraudes y actuar contra ellos. Cada ciudadano tendría asegurado el acceso total a cualquier institución educacional, médica o dental en el territorio nacional, y el servicio de emergencia en el extranjero.
Un sistema como el explicado, que no se ha implantado en Estados Unidos porque no beneficiaría a los grandes usureros biblicamente abominados, sería una bendición para la ciudadanía y para la industria médica y educacional privada. La empresa privada tendría una clientela potencial de decenas de millones de personas con poder de compra garantizado, y adicionalmente se les cerraría la puerta a los empleados institucionales de los servicios públicos (botelleros) mediante la privatización de estos. No tendríamos directores de hospitales públicos, nombrados por rejuegos politiqueros, comprando muebles millonarios a costas del contribuyente, y ganando un salario mayor que el del presidente del pais.
El bochornoso problema de los servicios médicos y educacionales en Estados Unidos no existirá si se implementa de forma óptima la socialización del seguro y la privatización del servicio. Una solución propia de una sociedad democrática de economía de mercado de bienestar general.
Para evitar que los gastos del gobierno se inflen por la actitud de proveedores y clientes que pretendan defraudar el estado, todas las facturas médicas y educacionales deben incluir un juramento de fe pública de no comisión de delito y perjurio expedito de actuarse en contrario, altas condenas mandatorias para los delitos de fraude relacionados con estos servicios, una detallada explicación de los costos declarada bajo juramento, y una utilidad limitada regulada por el estado, similar a la que se estipula usualmente en relación con los servicios utilitarios (electricidad, agua, etc).
En Estados Unidos, ante el solo amago de implementar un sistema como el explicado, aparecerían voces financiadas por los usureros biblicamente abominados alegando que tal plan tendría un costo imposible de cubrir por el presupuesto. Por ello se debería invitar a los más prestigiosos auditores a que consigan las cifras totales del costo de los pésimos servicios de educación y salud norteamericanos, para que le demuestren a los "escépticos interesados" que sobraría el dinero. Más de la mitad del dinero que consume la industria médica y educacional de Estados Unidos se va por el oscuro tragante que conduce a las arcas de los usureros y parásitos institucionales.
El estado democrático puede proveerles, incluso a los usureros y parásitos institucionales, la posibilidad de ganar dinero en la industria de los servicios médicos y educacionales, construyendo escuelas, clínicas y hospitales para brindar el servicio. Solo que el lucro sería en este caso el producto de un esfuerzo decente, en lugar de originarse apaleando a la sociedad con el garrote vil.
Este sistema, potencialmente más eficiente que los usuales en los paises más avanzados de Europa, proveería una plataforma ideal para la implementación de la práctica de mayor sentido humano en el sector de la salud, la medicina preventiva; para la educación sanitaria de la población, para la corrección de lamentables desajustes sociales, y para garantizarle a la ciudadanía la posibilidad de realizar una planificación familiar responsable.
Para mantener el apego a la honestidad de criterio hay que admitir que el sistema norteamericano es el que más bajo grado de consciencia social exhibe entre todos los paises ricos.
Entre dichos paises Estados Unidos tiene el más bochornoso sistema de asistencia médica y una renuencia total a establecer un seguro médico socialmente responsable y compasivo.
El estado democrático, de derecho, existe con el fin de proveerle igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Ello no implica la creación de una utópica sociedad igualitaria que con el ánimo declarado de distribuir a partes iguales la riqueza termine premiando de modo equitativo a los que no se esfuerzan. Tal intento desembocaría siempre en la coronación de supremamente iluminados o divinamente elegidos, nomenclatura de grandes hermanos que en la práctica terminarían siendo "más iguales" que el resto de los individuos que integran la sociedad.
La riqueza individual debe ser proporcional al esfuerzo que cada persona ponga en la realización de la actividad para la que esté capacitada o en la explotación del talento que Dios le ha dado. Pero para que todos tengan la oportunidad de intentar realizar su mejor esfuerzo el estado democrático debe instituir una serie de reglas en función de garantizar una competencia justa. Cuando se organiza una carrera de cien metros para determinar quién es el más veloz todos los competidores están obligados por las reglas a salir al mismo tiempo y del mismo punto, y a llegar a la misma meta. Cualquier injusta ventaja de origen convertiría en no válida la competencia.
La garantía de una buena salud y una adecuada educación es esencial para que el individuo pueda competir con otros en igualdad de condiciones. Por ello el estado democrático debe garantizar la existencia de un seguro médico y educacional universal, socialmente responsable, compasivo y sin deducibles. Debe asegurar sin límite la educación y la asistencia médica y dental, los medicamentos y accesorios médicos, y cualquier otro servicio relacionado a todos los ciudadanos.
Con base en la garantia del seguro médico y educacional universal el estado democrático debe privatizar todos los servicios médicos y educacionales públicos. Con un mercado de decenas de millones de personas con poder de compra asegurado proliferarían las empresas interesadas en proveer los servicios médicos y educacionales y los productos y accesorios relacionados. Entre ellas sobrevivirían las que fueran capaces de proporcionar la mejor calidad y cumplir con las regulaciones de protección al consumidor. En este contexto el estado se dedicaría exclusivamente a pagar las cuentas, mantener los controles financieros, investigar posibles fraudes y actuar contra ellos. Cada ciudadano tendría asegurado el acceso total a cualquier institución educacional, médica o dental en el territorio nacional, y el servicio de emergencia en el extranjero.
Un sistema como el explicado, que no se ha implantado en Estados Unidos porque no beneficiaría a los grandes usureros biblicamente abominados, sería una bendición para la ciudadanía y para la industria médica y educacional privada. La empresa privada tendría una clientela potencial de decenas de millones de personas con poder de compra garantizado, y adicionalmente se les cerraría la puerta a los empleados institucionales de los servicios públicos (botelleros) mediante la privatización de estos. No tendríamos directores de hospitales públicos, nombrados por rejuegos politiqueros, comprando muebles millonarios a costas del contribuyente, y ganando un salario mayor que el del presidente del pais.
El bochornoso problema de los servicios médicos y educacionales en Estados Unidos no existirá si se implementa de forma óptima la socialización del seguro y la privatización del servicio. Una solución propia de una sociedad democrática de economía de mercado de bienestar general.
Para evitar que los gastos del gobierno se inflen por la actitud de proveedores y clientes que pretendan defraudar el estado, todas las facturas médicas y educacionales deben incluir un juramento de fe pública de no comisión de delito y perjurio expedito de actuarse en contrario, altas condenas mandatorias para los delitos de fraude relacionados con estos servicios, una detallada explicación de los costos declarada bajo juramento, y una utilidad limitada regulada por el estado, similar a la que se estipula usualmente en relación con los servicios utilitarios (electricidad, agua, etc).
En Estados Unidos, ante el solo amago de implementar un sistema como el explicado, aparecerían voces financiadas por los usureros biblicamente abominados alegando que tal plan tendría un costo imposible de cubrir por el presupuesto. Por ello se debería invitar a los más prestigiosos auditores a que consigan las cifras totales del costo de los pésimos servicios de educación y salud norteamericanos, para que le demuestren a los "escépticos interesados" que sobraría el dinero. Más de la mitad del dinero que consume la industria médica y educacional de Estados Unidos se va por el oscuro tragante que conduce a las arcas de los usureros y parásitos institucionales.
El estado democrático puede proveerles, incluso a los usureros y parásitos institucionales, la posibilidad de ganar dinero en la industria de los servicios médicos y educacionales, construyendo escuelas, clínicas y hospitales para brindar el servicio. Solo que el lucro sería en este caso el producto de un esfuerzo decente, en lugar de originarse apaleando a la sociedad con el garrote vil.
Este sistema, potencialmente más eficiente que los usuales en los paises más avanzados de Europa, proveería una plataforma ideal para la implementación de la práctica de mayor sentido humano en el sector de la salud, la medicina preventiva; para la educación sanitaria de la población, para la corrección de lamentables desajustes sociales, y para garantizarle a la ciudadanía la posibilidad de realizar una planificación familiar responsable.
